Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Anzoátegui, 16.06.2016.- Tras la disminución de los índices pluviométricos que se han registrado en el país durante los últimos tres años, y en el más reciente período sequía incrementado por el fenómeno El Niño, el Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), busca reforzar que el uso y aprovechamiento del recurso hídrico se realice de manera sustentable.


La información la dio a conocer Edgar Mata, titular del Minea en el estado Anzoátegui, luego que culminó el encuentro en el cual participaron representantes de la institución adscritos a nivel central y los estados pertenecientes a los ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, el Arco Minero y la región oriental, entre los que se encuentran Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Guárico, Nueva Esparta y Sucre.

Mata expuso que de acuerdo con las líneas suministradas por la Dirección de Gestión Integral de las Aguas, todos los usuarios y usuarias de las fuentes de agua, ya sean superficiales o subterráneas, deberán cumplir con los términos de referencia que indica el órgano rector en materia ambiental, para la obtención de los permisos correspondientes.

“Esta es una manera que tiene el Minea, como ente rector de la gestión de las aguas, no sólo de hacer cumplir la ley, sino que además se garantiza la ejecución del seguimiento y control de los volúmenes del recurso que se están aprovechando, ya sea con fines industriales o para el abastecimiento de la población”, dijo Mata.

El servidor público adujo que los aprovechamientos no pueden ir en detrimento de las cuencas hidrográficas y los acuíferos, y que tampoco puede haber sobreexplotación, esto en aras de asegurar su buen funcionamiento y garantizar el recurso en años venideros.

“Para lograr estos cometidos en Anzoátegui realizaremos mesas técnicas con la gobernación, alcaldías y otros organismos del Estado que estén vinculados al tema”, afirmó.

Jhonny Sucre, director estadal del Minea en Bolívar, también presente en el encuentro, indicó que del cumplimiento de las condicionantes ambientales que se suscriben en los permisos, dependerá la minimización de los impactos que se generen con los aprovechamientos.

“Las condicionantes ambientales, suscritas en los actos administrativos autorizatorios emitidos por el Ministerio son de carácter obligatorio y es la guía con la cual nuestros funcionarios de fiscalización y control de impactos pueden corroborar si la afectación se está haciéndose derecho. Quien no cumpla con las mismas puede enfrentar sanciones administrativas y multas que van desde las 50 Unidades Tributarias (UT) hasta las 5000 UT”, aseguró Sucre.

Sucre, también manifestó que los infractores, dependiendo de la gravedad del delito cometido, igualmente podrían enfrentar procedimientos de carácter penal a cargo del Ministerio Público (MP).

“Vivir en un ambiente sano es un derecho humano fundamental y por tanto los delitos ambientales no prescriben. El agua es un elemento básico para la vida y el desarrollo humano y por tanto el Estado venezolano está comprometido en protegerla”, señaló.

Prensa Ecosocialismo y Aguas / Rosa Ortega