La Ley de Infogobierno, aprobada en octubre de 2013, entrará en vigencia el próximo domingo 17 de agosto, con lo que permitirá construir soluciones informáticas dentro del Estado venezolano.

Una vez esta norma entre en vigor, todos los organismos el Estado venezolano deben acogerse a la misma. Aquellos entes que no puedan migrar al software libre, tendrán un lapso de tres meses para hacerlo.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, señaló que esta normativa fue redactada por el poder Ejecutivo y Legislativo, “pero tiene el aporte de los servidores públicos del Ejecutivo nacional y, sobre todo, del poder popular, expresado también de manera particular con la comunidad de software libre”.

Durante un reunión con los directores de informática de entes de la Administración Pública, en el centro de Caracas, indicó que esta norma “es expresión de ese nuevo país, de ese nuevo plan de país que estamos construyendo”.

La Ley de Infogobierno que establece las normas, principios y lineamientos que rigen el uso de las Tecnologías de Información Libre en los procesos del Estado, con el objetivo de mejorar la gestión pública, facilitar el acceso de los ciudadanos a la información en sus roles de contralor y usuario, además de promover el desarrollo nacional que garantice la soberanía tecnológica.

Al respecto, el ministro señaló que esta normativa crea campos, desde el punto de vista legislativo y normativo, al Gobierno electrónico para la eliminación, simplificación y automatización de trámites.

Fernández añadió que “este nuevo marco jurídico, que crea un territorio para instrumentar el Gobierno electrónico, genera oportunidades, para jóvenes y emprendedores que van darle soluciones informática a los trámites internos que tenemos en el Estado”.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Guido Ochoa, comentó que este instrumento legal permitirá la “independencia y soberanía relacionada al desarrollo propio de software”, lo que generará mayor privacidad en el Estado venezolano, así como ampliará las posibilidades de desarrollo industrial y tecnológico.

Añadió que el sector privado no está en la obligación de acogerse a esta ley.

Prensa Hidroven